El Gobierno admite en el Congreso su ‘sablazo fiscal’ a los españoles con 15 impuestos

El Gobierno ha desplegado en el Congreso su batería fiscal de cara a los próximos meses. El ‘hachazo’ que pretende imponer el Ejecutivo a los españoles comprende algunas medidas ya aprobadas e incluidas en los Presupuestos Generales del Estado, otras ya vigentes y otras que se están analizando, pero que cuentan con la postura favorable del Gobierno para ponerlas en marcha.

El catálogo comprende viejos y nuevos impuestos. Sociedades, Patrimonio, IVA, pago por uso de carreteras o el uso del coche, bebidas azucaradas, etcétera. En su respuesta por escrito a varias preguntas formuladas por Vox, el Gobierno explica que se cuenta con un «comité de personas expertas para la reforma fiscal», con dos objetivos: «En primer lugar, obtener un análisis del sistema tributario óptimo en sentido amplio, esto es, incluyendo, la imposición directa, indirecta y los restantes ingresos públicos. En segundo lugar, se tratará de obtener un análisis técnico sobre qué reformas convendría realizar, atendiendo al escenario actual y futuro a medio y largo plazo».

El Ejecutivo pone especial atención en cinco áreas: «Fiscalidad medioambiental», «imposición societaria», «tributación de la economía digitalizada», «aplicación y concreción de la armonización de la tributación patrimonial» y «fiscalidad de las actividades económicas emergentes». Eufemismos con los que se camufla, en definitiva, una subida de impuestos. 

Entre las medidas concretas, se citan aquellas que «contribuyan a la transición ecológica», como un impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero y a la incineración; otro que grave los envases de plástico no reutilizables o la modificación del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.

Por otro lado, entre las «reformas en materia de movilidad sostenible», el Gobierno no oculta su intención de «crear un pago por uso de la red viaria de carreteras», «la revisión de las figuras tributarias que gravan la matriculación y la utilización de vehículos con objeto de adaptarlas a estándares medioambientales». «Y otras medidas en estudio», añade. También se revisarán las bonificaciones sobre hidrocarburos, lo que se traduce en la subida del impuesto al diésel.

En su respuesta, el Ejecutivo recoge otros impuestos ya en vigor, como el que afecta a «determinados servicios digitales» o a las «transacciones financieras».

Además, se habla de «medidas tributarias de adopción a corto plazo en los impuestos personales ya adoptadas mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021».

Es el caso de la subida del IRPF o el restablecimiento «de forma indefinida» del Impuesto sobre el Patrimonio. Cabe recordar que el Gobierno ha defendido una «armonización» de los impuestos de las comunidades autónomas para evitar lo que considera una «competencia fiscal».

Sobre el IRPF, las cuentas del Estado aumentaron dos puntos el impuesto para las rentas superiores a 300.000 euros y tres puntos para las rentas del capital superiores a 200.000 euros. El Ejecutivo también recoge la reducción de las deducciones de los planes de pensiones individuales, de 8.000 euros al año a 2.000, una medida que castiga especialmente a los autónomos. 

Otros impuestos que han sido modificados por Sánchez han sido el de Sociedades, mediante la rebaja de 5 puntos en las exenciones en el impuesto de sociedades para plusvalías y dividendos de filiales en el extranjero de empresas españolas; el IVA a bebidas refrescantes, zumos y gaseosas con azúcares o edulcorantes o el alza del impuesto a las primas de seguros.

Tributación conjunta

Uno de los puntos más polémicos del Plan de Recuperación remitido a Bruselas es la supresión de la tributación conjunta. La ministra de Economía, Nadia Calviño, llegó a calificar de «errata» ese contenido que sí se recoge en el documento, en concreto, en uno de los anexos. «Paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio», se cita textualmente. La razón que se aduce es que «genera un desincentivo a la participación laboral del segundo receptor de la renta (principalmente mujeres)».

En su respuesta a Vox, el Gobierno niega que se haga «referencia» en el componente sobre fiscalidad a la declaración conjunta.

«En cualquier caso», añade, «en ejecución de ese componente, el pasado 12 de abril se creó el comité de personas expertas para la reforma del sistema tributario cuyo objetivo es analizar el sistema fiscal para mejorar su eficiencia, garantizar los recursos públicos y adaptarlo a los retos del siglo XXI, cuyas propuestas deberán ser entregadas antes del 28 de febrero de 2022».